Blog de Paul Jorion

Billet invité. Traduction en espagnol par Myriam Fernández de Heredia. Texte en français, ici.

La reconstrucción de un Estado social

Después de esta inmersión en los mecanismos de la productividad y la competitividad, no puede quedar ninguna duda: el trabajo escasea, la máquina sustituye al hombre o el empleo se exporta a países donde los salarios no cuestan mucho. Esto no es una consecuencia inevitable del progreso tecnológico o la mundialización, se trata solo de tácticas implementadas en una lucha despiadada para imponer relaciones de poder. Se han convertido en la forma dominante de las relaciones económicas en el mundo, donde esencialmente unas pocas empresas dominantes arramblan con lo que apostaron y confiscan los beneficios para sí mismas. El Estado acelera este proceso mediante políticas inadecuadas, cuyos resultados benefician principalmente a estas empresas dominantes.

Hay una consecuencia evidente de estos acontecimientos que sin embargo los gobiernos o « partidos del poder” nunca mencionan. Muchos Estados han construido la mayor parte de sus políticas sociales a través de una solidaridad basada en el empleo [i]. Estas políticas se financian con las contribuciones a la seguridad social calculadas sobre la base de los salarios, en parte, a cargo del empresario y en parte pagadas por los propios trabajadores. Estas sumas van a parar directamente a las arcas de los organismos encargados de aplicar estas políticas, como los fondos de pensiones o de seguridad social. Con un empleo que disminuye y va incluso a seguir disminuyendo drásticamente en los próximos años, la solidaridad deja de ser posible en el sistema actual. Es una construcción que ya está mostrando sus límites en el ámbito de las pensiones o el desempleo. En Francia, el sistema de salud sobrevive gracias a una excepción parcial, la CSG (contribución social generalizada), que se aplica a todos los tipos de ingresos. Sin embargo, solo contribuye a la financiación de la Seguridad Social hasta el 20,4% y representa menos de la mitad de los recursos procedentes de las cotizaciones a la seguridad social y las cargas patronales que gravan los salarios (58,2%).

A este efecto directo sobre los mecanismos sociales existentes hay que añadir que en una sociedad donde los ingresos se basan principalmente en el trabajo, la escasez de empleo es una cuestión fundamental. Este problema plantea frontalmente la cuestión de la ampliación de los mecanismos de redistribución y el reparto del trabajo.

Estamos en vísperas de un importante punto de inflexión política. La ficción de una próxima reducción del desempleo va a saltar pronto por los aires con dos consecuencias: la escasez de los recursos destinados a financiar el gasto social deja de ser coyuntural (si lo fue alguna vez), para ser estructural. Al mismo tiempo, el aumento del gasto social es inevitable, lo que requerirá de un modo u otro un cambio radical. Se pueden vislumbrar dos opciones diametralmente opuestas para hacer frente a estos cambios.

La primera opción es la continuación y el fortalecimiento de las políticas actuales, es decir, la eliminación de cualquier dimensión social. Cada renuncia se presenta como un sacrificio necesario para preservar lo esencial. El tiempo que transcurre entre las medidas permite que las personas se vayan acostumbrando y consientan, antes de verse sometidos a las siguientes restricciones. Llegará el día en que no habrá nada que defender excepto a uno mismo en un mundo que será una jungla, a menos que un gobierno autoritario mantenga el orden a toda costa. En este contexto, los sistemas de seguros individuales son sólo espejismos basados en un acceso a largo plazo al empleo. [Ii] Esta es la culminación lógica de una sociedad basada en las relaciones de poder. La pregunta es, obviamente, ¿para beneficio de quién? A pesar de un discurso populista bien rodado de los nuevos partidos de extrema derecha que a veces invoca el anticapitalismo, la realidad es mucho más simple: un orden social fuerte es una necesidad en un contexto de desigualdad extrema y beneficia sólo a los que acumulan riqueza. La extrema derecha es el vehículo natural de este orden social fuerte.

La segunda opción es la de reformar el sistema de financiación de la política social y la lógica que subyace en el sistema actual. La política social no es sólo un sistema de solidaridad, es una decisión política que debe asumirse como tal, ya sea en términos de recursos o de gasto. Su financiación no puede basarse en una solidaridad de estatuto (funcionario, empleado, artesano …): afecta a toda la nación. En otras palabras, es una mayor necesidad de redistribución que requerirá, por un lado, un aumento en los impuestos obligatorios, y por otro la superación del objetivo de beneficio como único criterio de la gestión empresarial.

Podemos tratar de esbozar los contornos de un cambio de este tipo con algunas propuestas relativas a la financiación y algunas ideas sobre el uso de estos recursos. En particular, parece necesario establecer la coherencia entre los modos de financiación, los objetivos de la política social y la moderación de las relaciones de poder mencionadas en el post anterior. Se trata de mostrar que hay otras alternativas, mucho más realistas que los discursos llamados “de gestión” que nos ofrecen los partidos existentes. Estos discursos de gestión sacrifican el corto plazo sin proponer soluciones viables a largo plazo. En general, hay que plantear un principio simple: que los recurso procedan de los impuestos cualquiera que sea su naturaleza, y que el Estado asigne los fondos a las organizaciones que gestionan los gastos ligados a las políticas sociales. La financiación debe estar desconectada de un tipo específico de impuestos, especialmente de los relacionados con el estatuto.

Queda por determinar cómo, es decir, rediseñar un paisaje fiscal que proporcione recursos suficientes y que responda a los imperativos de coherencia entre los medios (financiación) y objetivos más amplios: el Estado social, la gestión del bien común, una gestión sostenible. Tiene que ser mucho más sencilla de aplicar, es decir, no debe multiplicar los modos y excepciones, estas múltiples lagunas fiscales que son el privilegio de los individuos más ricos y de las empresas dominantes. Según este planteamiento, aumenta la parte de la redistribución, así como todos los impuestos obligatorios, es el precio a pagar para conservar un Estado democrático. Las siguientes propuestas ya han sido parcialmente discutidas en un post anterior, pero siguen siendo más que nunca de actualidad.

La primera es la sustitución de los recursos procedentes de las cargas patronales pagadas sobre los salarios. A menudo se han mencionado en este blog varias formas de impuestos sobre los robots o máquinas, pero los aumentos de productividad no se limitan a la automatización, como expliqué en el primer post de esta serie. La fórmula más sencilla parece ser la de crear un impuesto sobre el saldo contable intermedio « valor añadido » generado por la actividad de la empresa. La primera ventaja es aumentar la base impositiva cada vez que hay aumentos de la productividad basados en el aumento del valor añadido. La segunda ventaja es no reducir la cantidad de impuestos recaudados si es el empleo el que disminuye. [III] Lo importante es evitar una interrupción en el circuito, sobre todo cuando la subcontratación se realiza en el extranjero y los mecanismos de fijación de precios de transferencia permiten extraer el resultado de la empresa matriz. La tercera ventaja es ser totalmente independiente del trabajo como base imponible: en el extremo, una empresa totalmente automatizada genera un valor añadido y, por tanto, está sometida a este impuesto. Por el contrario, este impuesto podría variar en torno a un tipo central de acuerdo con la política social de la empresa, en especial su manera de compartir o no el trabajo (el tiempo de trabajo efectivo, la pirámide de edades), de aplicar la igualdad entre mujeres y hombres y su política salarial (la diferencia entre el primer y el último decil, la desviación del ultimo centil, las políticas de primas), etc. Se sustituye la política de nichos y empleos exentos y que permitía beneficiarse de los efectos inesperados por un equilibrio social que determina el tipo aplicado, pero que también promueve una política sostenible y ayuda a fomentar una evolución positiva o a penalizar una regresión. Para fijar las ideas, las cargas patronales pagadas en el sector comercial representa alrededor del 20,2% del valor añadido. Se puede imaginar un tipo central de un 25% para el impuesto sobre el valor añadido generado por la empresa y las variaciones de +/- 5% alrededor de la paridad central en función de la política social. Un tipo medio que superara el 25% liberaría más de 62 mil millones en ingresos adicionales al año (*). Esto puede parecer un aumento muy brusco, pero hay que recordar que la parte de los salarios en el valor añadido se ha reducido en casi un 10% entre el máximo de finales de los 70 y el punto más bajo; el esfuerzo no parece insuperable.

Segundo elemento, la eliminación de los costes salariales pagados por los empleados, que son sustituidos por el impuesto sobre la renta, cuyo baremo se revisaría en consecuencia. Retenido en origen, independientemente del tipo de ingreso, se alimentaría una retención [iv] cuyo balance se revisaría después de calcular el tipo efectivo de imposición. Evidentemente, sería progresivo, se basaría en un único baremo cuyos tipos se calcularían en función de los ingresos totales. Esto significa que existiría un tipo para los salarios más bajos (que sustituiría a las actuales cotizaciones sociales) y que una persona que estuviera sometida a un tipo del 50% vería que se aplica este tipo al total de sus ingresos: capital y trabajo (sea cual sea la naturaleza de las rentas del capital). Incluso más que el tipo máximo es también la política de las exenciones (nichos) fiscales la que hay que suprimir, ya que es una de las principales fuentes de desigualdad ante el impuesto. Esta política serviría para distribuir la carga de manera más justa, con un tipo efectivo que sería inferior a las actuales cargas sociales sobre los salarios más bajos y supondría una contribución de todos los ingresos.

Tercer elemento, el impuesto sobre los beneficios. Una vez más, no es sólo el tipo aplicado el que plantea problemas, sino la proliferación de las exenciones fiscales que permiten una optimización de gran calado y una evasión fiscal a gran escala. Al igualque en el caso del impuesto sobre el valor añadido generado por la empresa, es concebible hacer oscilar los tipos en torno a un tipo central en función de los balances anexos de ecología y la energía que se añadirían al balance contable. Si los valores objetivo para estos balances anexos dependen del sector de actividad, también se podría recompensar Queda la evasión fiscal organizada, que goza de una tolerancia incomprensible por parte de las autoridades y de una fracción de la población. ¿Podemos imaginar que hay un ladrón que roba el contenido de un apartamento, y unos años más tarde, sintiéndose rodeado por la policía, devuelve una parte y con eso ya queda libre de todos los cargos? Sin embargo, esto es, casi sin caricaturizar, lo que está sucediendo con las negociaciones de cualquier saldo de impuestos impagados cuando el importe evadido es muy alto. Es esta tolerancia a la que se debe poner coto, al igual que debe terminarse con la brecha entre las empresas dominantes y la media de las empresas.

Cuarto pilar de la financiación: los impuestos sobre el capital. Thomas Piketty ha desarrollado en gran medida en su ensayo [v] la necesidad de este impuesto para contrarrestar los mecanismos de una acumulación cada vez más desigual. También sería una fuente regular de financiación a través de una política fiscal para reconstruir el Estado social. También se puede seguir la idea de una contribución especial del capital para poner « los contadores a cero » y eliminar en parte la deuda del Estado, como complemento de un impago parcial ya mencionado en el blog .

En este entorno fiscal, también es necesario para luchar contra la tendencia a crear aumentos de la productividad mediante la exportación de mano de obra a países con mano de obra muy barata. El uso de la subcontratación es una tendencia fuerte con respecto a la norma de producción, y la voluntad de establecer un equilibrio favorable de poder conduce a las deslocalizaciones. Uno de los principales retos es el bajo costo del transporte, ya sea físico o datos. Gravar el transporte es una doble necesidad: en primer lugar ayuda a limitar el uso de la subcontratación, y en segundo, responde a necesidades ecológicas. Se puede imaginar para el transporte físico una imposición inversamente proporcional al costo de los bienes transportados y directamente proporcional a la distancia. Para el transporte de datos se podría aplicar un impuesto sobre el volumen de datos con una parte exenta. La imposición también debería modularse de acuerdo con el país de origen (lo que, por desgracia, está fuera del marco europeo) en función de las políticas fiscales y sociales. Para favorecer a los países que hacen esfuerzos por mejorar en esta área, se establecerían excepciones temporales y con revisiones en determinadas etapas que permitieran o no continuar con este tipo de acuerdos.

En cuanto al reparto del trabajo, tenemos que responsabilizarnos de nuestro propio comportamiento cuando cedemos demasiado rápido a lo fácil. Las transacciones automáticas y el comercio por Internet deben ser gravados para ayudar a financiar la redistribución, solidaridad aún más necesaria si fomentamos la automatización y la pérdida de puestos de trabajo con nuestro propio comportamiento.

El IVA, que sigue siendo uno de los principales contribuyentes al presupuesto del Estado. es un impuesto injusto. Para las clases más desfavorecidas, todo el presupuesto de los hogares va al consumo y, por tanto, el IVA se aplica a todos los gastos. Sin embargo, la sustitución del IVA por otro impuesto requiere una reflexión en profundidad porque las sumas son enormes. Todavía es posible aumentar los ingresos en esta área de manera más justa mediante la restauración de unos tipos specíficos del IVA sobre el consumo de lujo, como ocurría en el pasado.

No está aquí de hacer el panorama completo de los recursos fiscales, sino sólo mostrar que pueden incrementarse y desacoplarse de los ingresos del trabajo para crear una solidaridad que no se base en el empleo. Quedan por definir algunos ejes desde la perspectiva de una redistribución de los ingresos y del empleo en un contexto donde el trabajo está desapareciendo.

Si nos situamos en un contexto en que el empleo es escaso sin desaparecer completamente, había que evitar dos situaciones igualmente perjudiciales. El primer riesgo es un reparto del trabajo no negociado, con criterios que quedan a discreción de las empresas: la edad, el salario, la competencia específica, etc … El segundo riesgo es que la escasez de puestos de trabajo vaya acompañada de la degradación equilibrio de poder a expensas de los trabajadores, con sus correspondientes salarios más bajos. Me parece que la mejor manera de combatir estos riesgos es que la oferta de trabajo sea escasa. No hay necesidad de imaginar políticas complicadas en esta área, simplemente acortar drásticamente la vida profesional, lo que es posible gracias a una financiación que no sólo se base en la solidaridad entre los trabajadores. Uno puede imaginar volver a disfrutar de una pensión completa a los X años (¿35 años?) de cotización, en contraste con las políticas actuales. Combinado con una reducción del tiempo de trabajo y la posibilidad de interrupciones de carrera financiadas, es posible imaginar estar en una situación de pleno empleo, tanto con un número de puestos de trabajo como con unos candidatos a estos puestos mucho más pequeños, combinando así el reparto del trabajo con la redistribución del ingreso.

Hoy en día hay dos familias alternativas frente a la explosión del desempleo y sus consecuencias previsibles. La primera consiste en reducir drásticamente el alcance social del Estado, en el nombre de « TINA » (no hay alternativa) y, finalmente, acabar en un Estado policial, para garantizar la paz civil impuesta. A menos que una selva libertariana finalmente pueda ver el día en que se imponga el orden por la ley del más fuerte. La otra dirección es la reconstrucción de un Estado social cambiando una mecánica que está dejando de funcionar. He propuesto en este último post de esta serie una posible visión de ese diseño, seguramente hay otros y son posibles diferentes opciones. Así que hay muchas alternativas, pero ¿sigue habiendo una voz de la izquierda que las defienda?

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[*] Cifras correspondientes a Francia.

[I] Muy a menudo debido a que los fondos de solidaridad fueron fundados por los trabajadores.

[II] Al que se añade un efecto directo sobre las expectativas de ganancias ya una pensión por capitalización requiere un alto rendimiento durante un largo período.

[III] Aumentan a la vez que el mecanismo de penalizaciones en función del balance social.

[IV] el modo de funcionamiento de la mayoría de los países que retienen en origen, con un ajuste realizado tras el cálculo efectivo de los tipos de imposición teniendo en cuenta el conjunto de los ingresos. En el marco de un baremo progresivo y de ingresos mixtos (trabajo + capital) el total de los ingresos solo parece al final del ejercicio fiscal.

[V] El capital en el siglo XXI.